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Los incrédulos y escépticos suelen preguntarse por qué el feminismo defiende el concepto de feminicidio en tanto delito diferente al de homicidio, siendo que la lucha feminista busca una sociedad equitativa en cuanto a género; por lo cual, para dar respuesta a este cuestionamiento es menester partir de la siguiente afirmación: el feminicidio es el delito contra la vida e integridad personal de las mujeres, pero no todos los homicidios cometidos contra las mujeres son feminicidios.

 Dicho esto, se debe aclarar que un feminicidio es cuando la muerte de la mujer está inserta en un ciclo de violencias de género, es decir, que cumple con una serie de atributos que se le asignan para diferenciarlo de un homicidio o muerte común.

 Específicamente el feminicidio es el resultado de la violencia contra la mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, de acuerdo con los atributos mencionados la muerte de la mujer está motivada por la idea de posesión de propiedad sobre ella, el odio, la discriminación, trato violento, sumisión y el desprecio por su vida; siendo este el culmen de la violencia de género y la evidente desigualdad entre mujeres y hombres.

Que nos dice ONU Mujeres

“El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas” 

Dentro del marco legislativo se tiene que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 sancionó la declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer, la Comisión de Derechos Humanos en el año 2000 identifica como violencia contra la mujer hechos que impidan el disfrute por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La legislación colombiana cuenta con el artículo 104A del Código Penal, el cual tipifica el feminicidio en tanto se dé la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad, lo que incluye los asesinatos de mujeres trans; la ley 1761 de 2015, también llamada ‘Ley Rosa Elvira Cely’ por el antecedente brutal  de agresión y violación a esta mujer, quien fuere empalada y abandonada por su verdugo, victimario y feminicida, causando tal indignación  y movilización social que rechazó de manera contundente el ciclo de violencias en contra de las mujeres.

Reconocer el feminicidio como un tipo específico de violencia contra la mujer y en relación con la desigualdad de género, pone de facto su no equiparación con otros homicidios, lo cual es relevante para el ejercicio y cumplimento efectivo de los derechos de las mujeres en tanto hay un reconocimiento del problema sistemático y estructural de la violencia en su contra y, aclara la importancia de entender su magnitud, tipificar conductas que lleven a la prevención de patrones violentos y la enseñanza de una convivencia libre de violencias de género.

Que nos dice Rita Segato – Feminista y antropóloga

“Debemos empeñarnos no sólo en inscribir el término “feminicidio” en el discurso potente de la ley y dotarlo así de eficacia simbólica y performativa, sino también en obtener otras ventajas prácticas que resultan de esa eficacia. Pues leyes específicas obligarán a establecer protocolos detallados para laudos periciales policiales y médico-legales adecuados y eficientes para orientar la investigación de la diversidad de los crímenes contra las mujeres en todos los tipos de situaciones, aún en aquéllas que no sean entendidas, según la definición vigente de “guerra”, como de tipo bélico o de conflicto interno”.
Entre algunos tipos de violencia hay que hacer hincapié en la del tipo estructural que segrega a las mujeres a la esfera doméstica y reproductiva, o la simbólica que las cosifica y minimiza a través del lenguaje; por ejemplo, la del tipo institucional que niega sus derechos a propósito de las decisiones sobre su propio cuerpo. Tal reconocimiento parte de tener claridad en que los patrones del comportamiento feminicida se refieren a las reincidencias de una conducta violenta, recurrencias que señalan indicios sobre su actuar siniestro y en general un comportamiento ligado a la percepción que tienen sobre su presencia y modos de acción en relación a las mujeres. 

Segato nos insiste en que, “Es crucial que encontremos estrategias para detener la violencia feminicida, porque la rapiña que se desata hoy sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes, como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer hasta el último límite”.

Algunas cifras

Teniendo en cuenta la violencia recurrente contra las mujeres, el ‘Informe sobre las brechas de género en Colombia’ realizado por ONU Mujeres, el DANE y la Consejería Presidencial para la Mujer, en su capítulo seis sobre la violencia contra las mujeres y niñas, establece que el 40% de las mujeres asesinadas en el país en 2019 conocieron a su agresor, siendo asesinadas por miembros de su entorno y hasta en sus propios hogares; además, el 50% de los casos se han presentado en lugares con alta densidad poblacional como Bogotá, Medellín, Cundinamarca y Valle del Cauca. 

Exponer crímenes pasionales debe ser repudiado, pero sobre todo analizados para desarticular la validación de comportamientos cotidianos producto de la construcción social machista y patriarcal que cosifica a las mujeres y que les otorga a los hombres potestad sobre su vida, muerte y destino.

Dicho todo lo anterior, el concepto de feminicidio en su amplitud analiza y cuestiona la violencia extrema que priva de la vida diariamente a mujeres de todas las edades en el mundo, motivado por el control sobre su cuerpo, el deseo sexual y la limitación sobre la libertad de las mujeres en complicidad con el Estado y las instituciones que lo representan, que ante las denuncias previas y las acciones posteriores se minimiza a las mujeres como sujetos plenos de derechos en cuanto a evasión al seguimiento de las denuncias u omisión en los procedimientos y revictimización en prensa.

Para la justificación de la base de datos de la CEPAL correspondiente a la investigación sobre la violencia contra la mujer en América Latina, son primordiales la Fiscalía y el Sistema Penal Oral Acusatorio en torno a las cifras de Colombia, entidades que más allá de garantizar la constante actualización de las estadísticas para permitir adelantar los ejercicios penales, también deben permitir la coordinación con otras entidades y así informar de manera adecuada a la sociedad.

Pero el compromiso por parte de las instituciones a quienes compete cumplir de manera periódica con una actualización de datos, aparentemente se convierte en una hipótesis que tiene un desarrollo incompleto desde el momento que perjudican el trabajo de entidades como La Comisión de la Mujer, quienes encuentran poca presencia, atención y protección de entidades como la Fiscalía y denuncian su mal obrar.

“Un feminicidio es cuando la muerte de la mujer está inserta en un ciclo de violencias de género, es decir, que cumple con una serie de atributos que se le asignan para diferenciarlo de un homicidio o muerte común”.

“Necesitamos que el Fiscal se siente con nosotras para conocer cuál es la estrategia y el plan para atender a las mujeres víctimas de violencia. No podemos seguir esperando que todas las denuncias lleguen desde las redes sociales para que les presten atención, sino todos los esfuerzos que realizamos quedarían frenados si en la Fiscalía no tenemos un eco lo suficientemente fuerte”, asegura La Comisión de la Mujer, denunciando la debilidad en la administración judicial del país.

Un ciclo de Violencias

Ahora bien, los feminicidios, el acoso sexual y la violencia en contra de las mujeres son sucesos que no sólo se evidencian en mujeres mayores de edad; el ambiente que rodea la sociedad repercute en el desarrollo psicológico y físico de la niñez, fomentando y prolongando el uso de la violencia sobre la mujer, convirtiéndola en victima por tiempo indeterminado, a manos de una sociedad exhibida a la violencia, la cual asimila como una conducta natural.

Bien lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicando el desarrollo de trastornos, discapacidades o problemas mentales, riesgo a cargar con enfermedades cardiovasculares, conductas que amenazan la salud, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, factores atribuidos a la exposición a la violencia a temprana edad.

Desde siempre la educación ha sido factor fundamental para comprender la evolución de cualquier fenómeno, la construcción del imaginario en la sociedad por años ha estado ligado a un estereotipo de enseñanza donde los niños comprenden el papel del hombre por encima de la mujer, asimilando y normalizando la violencia, generando una variable constante perturbación de la integridad a la mujer.

“Consideramos alcanzable, necesario y urgente abordarlo desde el factor sociocultural. Actualmente, tenemos leyes fuertes para apoyar a las víctimas. Creemos que nos eduquemos para no tolerar ningún tipo de discriminación contra la mujer, porque este tipo de violencia los mueven imaginarios colectivos en los que el feminicidio es un crimen pasional, en el que la violencia de género debe mantenerse en privado, en el que la violencia entre parejas está normalizada, ese mismo imaginario que hoy no permite que muchos casos de violencia sean escuchados por las autoridades y que hacen que los procesos sean lentos ante la justicia”.  Determina la Comisión de la Mujer, hablando de las acciones necesarias e inmediatas entorno a la mujer.

Claramente en Colombia no se evidencia un fuerte apoyo a los casos penales y legales en los que están inmersas las mujeres, por lo cual se hace improbable que todas las propuestas por colectivos que buscan el bienestar de la mujer sean validadas, abordadas e implementadas, inclusive es necesario entender que la aplicabilidad de las leyes propuestas se convierte en un proceso de tiempo indefinido; aun así, con el camino lento, la poca atención de las instituciones y la inconcebible sociedad patriarcal, La Comisión de la Mujer se convierte en eje fundamental en contra de los feminicidios y la construcción de una política estatal que fomente y promueva las circunstancias materiales e inmateriales de la mujer.

 Ante situaciones riesgosas, bien sea violencia física, psicológica, económica o sexual, existen rutas de prevención y organizaciones entre las que se encuentran la Fundación de Feminicidios Colombia, La Comisión de la Mujer, Coordinadora Feminista y la Red Judicial Feminista, que acuden a brindar atención integral a la salud, acompañamiento y asesorías jurídicas, creación espacios de formación entorno a los derechos de las mujeres, respondiendo el llamado a la línea de emergencia 123, contactos por redes sociales o páginas web a los colectivos.

Para ayudar estos colectivos y fomentar las representaciones judiciales gratuitas, la educación e información integral, el acompañamiento y seguimiento a las leyes con incidencia en los derechos a las mujeres, estos son los sitios web de consulta donde se encuentran incluidas redes sociales, correos y números de atención.

 

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