Por: Camilo Cartagena 

Desde un comienzo la elección de Qatar como sede para la Copa del Mundo en 2022, ha generado polémicas que involucran a las autoridades de ese país y a miembros de la FIFA en casos de corrupción y manipulación de influencias. Esto se suma a las innumerables denuncias hechas por organizaciones internacionales, donde se expone la sistemática violación de derechos humanos por parte de empresas privadas que abusan de los trabajadores inmigrantes que han sido contratados para la construcción de los estadios, y donde muchos de ellos han muerto por causa de las precarias condiciones laborales y la forma inhumana en que viven.

A pesar de que los mandatarios qataríes afirman que han realizado reformas significativas para proteger a la fuerza laboral migrante de aproximadamente 2 millones de personas (lo que representa casi un 95% de la población activa total de esta nación), muchos defensores de derechos humanos siguen sacando a la luz graves acusaciones que indican que trabajadores provenientes de India, Bangladesh, Nepal, Filipinas o Kenia, entre otros países, son explotados y expuestos a situaciones extremas que ponen en riesgo su integridad física e incluso sus propias vidas.

Según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo en noviembre de 2021, por lo menos unos 50 trabajadores migrantes de todos los sectores murieron en accidentes laborales durante el año pasado, la mayoría por caídas provocadas por falta de medidas de seguridad. Otra de las preocupaciones que se alega por parte de movimientos como Amnistía Internacional son las altas temperaturas que estos mismos obreros han tenido que soportar a pesar de las solicitudes hechas por diferentes organizaciones acerca de establecer horarios justos y de interrumpir las construcciones durante el verano.

Todos estos cuestionamientos han puesto en el centro de la controversia la realización del Mundial que comenzará el 21 de noviembre de este año, pero puntualmente en el sistema kafala  que permite impunemente la violación de los derechos humanos y donde los empleadores adquieren un total control de sus trabajadores, impidiéndoles cambiar de trabajo, confiscando sus pasaportes para que no puedan salir del país y reteniendo sus salarios sin justificación alguna.

Una elección ‘dudosa’

El 2 de diciembre de 2010 la FIFA anunció que Qatar, uno de los países más pequeños de Oriente Medio tanto en extensión territorial como en población, sería la sede para la Copa Mundial 2022. La “moderna y millonaria” propuesta expuesta por el jeque Mohammed bin Khlaifa Al – Thani y por el gobierno qatarí sedujo a los ‘amos y señores del fútbol’, que no dudaron en elegir por primera vez en la historia a un Estado árabe para albergar el evento futbolístico más importante del planeta.

A partir de ese momento, los rumores acerca de una posible ‘compra de votos’ a dirigentes africanos comenzaron a replicarse, e incluso el periódico británico Sunday Times aseguró que contaba con ‘documentos secretos’ que demostraban que Mohamed Bin Hamman, exdirectivo de la FIFA, pagó la suma de 3,7 millones de euros para influir de manera directa en las personas que debían elegir la sede, denotando un evidente acto de corrupción.

Las dudas continuaron una vez comenzaron a gestionarse los contratos por parte de empresas privadas que se encargarían de la construcción de los estadios, pues debido a las leyes laborales establecidas en la mayoría de los países del Golfo Pérsico, los trabajadores tendrían muchos problemas para tener sus ‘derechos fundamentales’.

Si bien los antecedentes en Qatar sobre violación de derechos humanos ya eran alarmantes, las denuncias aumentaron y los ojos del mundo se posaron sobre ese territorio para exponer las condiciones regidas por el ‘sistema kafala’, que emula la semi-esclavitud. Otros hallazgos periodísticos y fuentes gubernamentales afirman que, desde diciembre de 2010 hasta la fecha, un promedio de 12 trabajadores migrantes ha muerto cada semana, cifras que demuestran la insensibilidad y la falta de controles por parte de la institución organizadora y de las autoridades del país anfitrión.

Foto: Kai Pfaffenbach – Reuters

¿Qué ha hecho la FIFA al respecto?

Pese a las advertencias y a las evidencias concretas aportadas por organizaciones de derechos humanos sobre los abusos producidos en Qatar, la FIFA no ha ejercido su autoridad como institución reguladora para exigir que el país organizador cumpla sus promesas de reforma en cuanto a normas laborales. Por el contrario, parece haber un encubrimiento en cuanto a otras leyes represivas sobre la libertad de prensa, los derechos LGBT y los derechos de las mujeres impuestas por la monarquía qatarí, además de ignorar los Principios Rectores de las Naciones Unidades sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Según la ONU, la FIFA tiene la responsabilidad de proporcionar reparaciones por los abusos que causó o con los que contribuyó y, al ser una entidad que cuenta con inmensos recursos, no tiene excusa para no cumplir con sus obligaciones. Una investigación elaborada por ‘The Guardian’ afirma que un 69% de las muertes de los trabajadores migrantes se atribuyeron desde fuentes oficiales qataríes a «causas naturales», «paro respiraotiro» o «insuficiencia respiratoria aguda», por lo que se hace imposible determinar si pueden estar relacionadas con las condiciones de trabajo y no obliga a compensar las familias de los obreros fallecidos. 

Esto resulta ser otro de los aspectos por los que el silencio de la entidad rectora del fútbol mundial se vuelve cómplice de la violación de los Derechos Humanos en Qatar,  pues es incongruente que un país tan rico, donde el sistema de salud es muy avanzado, no brinde datos transparentes sobre las muertes y simplemente las atribuya a causas ‘desconocidas’ o ‘naturales’. Sin embargo, las incoherencias de la FIFA también han tenido consecuencias dentro de las federaciones nacionales de fútbol que, al verse ‘empañadas’ por el actuar de la asociación se han pronunciado de manera contundente y han salido en defensa de los derechos de los trabajadores explotados.

En algunos partidos disputados durante las Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo 2022, algunas selecciones como Dinamarca, Alemania o Noruega salieron con Pancartas alusivas a los abusos sistematizados ocurridos en el país anfitrión. Estos hechos demuestran que los futbolistas no son ajenos a la situación que se presenta en Qatar y reafirma que los asuntos humanitarios son un tema que debe estar en la prioridad de la agenda social, aunque se trate de grandes figuras del deporte que están regidas por una institución que cada día demuestra más insolencia y complicidad. 

Noruega es uno de los países que ha liderado los llamamientos para que se boicotee el Mundial, e incluso el presidente de la Federación de Fútbol de Noruega, Teje Svendsen, ha afirmado repetidamente que “la asociación estuvo desde un principio en contra de otorgar a Qatar la organización del evento”. Y a pesar de que la Selección de Noruega no clasificó, otros equipos que sí participarán en la cita mundialista, como Alemania o Dinamarca, continúan firmes en su posición de denunciar cualquier violación de los derechos humanos a pesar de las consecuencias que esto pueda traer en materia de sanciones deportivas para cada una de sus federaciones.

Foto: Getty Images

Pie de foto: La Selección Noruega con una pancarta en favor del ‘juego limpio’ para los trabajadores migrantes durante un partido de Eliminatorias.s

Otras violaciones a los Derechos Humanos en Qatar

La elección de Qatar no solamente ‘pone la lupa’ en la violación a los derechos laborales, sino que reabre el debate acerca de otros aspectos en tema de Derechos Humanos que afectan directamente a otros sectores de la sociedad. Las autoridades qataríes exigen que las mujeres obtengan un permiso de sus tutores masculinos para casarse, estudiar, trabajar en puestos del gobierno, viajar al extranjero o recibir algunos tipos de atención en materia de salud reproductiva. Estas restricciones y prohibiciones resultan discriminatorias y fomentan la violencia contra las mujeres; sin embargo, en lugar de condenar estas actitudes, este país ha sido ‘premiado’ con el Mundial.

Otro hecho indignante es que en Qatar no exista todavía una ley sobre violencia doméstica y muchas mujeres que intentan huir del abuso son devueltas a las familias abusivas, arrestadas o enviadas a hospitales psiquiátricos. La represión contra la mujer está muy marcada en esta nación, pero la intimidación de su gobierno y el acoso sistematizado dificultan que estos abusos sean desafiados, pues la libertad de expresión es mínima y no existen organizaciones independientes que defiendan los derechos de la mujer.

Por su parte, el sector LGBT también ha sufrido una terrible represión por parte de las autoridades y, según expone Human Rights Watch, el gobierno de Qatar vigila y arresta a las personas LGTB que estén promoviendo protestas o que comparta cualquier información ‘en línea’ al respecto. Este hecho ha persuadido a muchos fanáticos del fútbol a asistir a la Copa del Mundo, pues temen que esas represalias les afecten, pese a que se ha asegurado que “los visitantes con diversidad sexual también son bienvenidos”.

Pero más allá de que Qatar decida suspender temporalmente las leyes nacionales y las practicas estatales durante el Mundial, la preocupación pasa por los residentes que tendrán que seguir aguantando todo tipo de violencia y abusos contra sus derechos. La posibilidad de que todo siga igual una vez finalice el certamen son muy grandes y la vigilancia del gobierno qatarí sobre la población podría recrudecerse, razón por la cual movimientos sociales como Amnistía Internacional continúan trabajando para que el mundo entero sepa lo que ocurre con los Derechos Humano y lo que se oculta tras un espectáculo deportivo que desde un comienzo se ha visto manchado de corrupción y abusos.

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