Por: Lisa Trujillo

Para ustedes, y en memoria de todos esos hijos que no regresaron a casa, por aquellos que juraron “Patria, honor y lealtad” pero terminaron asesinados incluso por sus compañeros del Ejército.

Gladys Acevedo, es la madre de Edwin Carranza Acevedo, un joven asesinado presuntamente por las FARC,  el 16 de febrero de 2012 en la vereda San Isidro del municipio de la Julia en el departamento del Meta.

“Soy madre de un soldado asesinado en el marco del conflicto armado, él fue llevado en una batida ilegal que hicieron el Ejército en ese entonces”.

Gladys es oriunda del Vaupés, hija de indígenas Tucanos del Brasil que llegaron desplazados a la región amazónica colombiana durante la época de la caucheria. Tuvo a Edwin cuando apenas tenía 17 años, curiosamente la misma edad en la que el Ejército se lo llevó de manera ilegal a prestar el servicio militar obligatorio.

“El servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública.

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas con los beneficios exclusivos que establece la ley. Salvo quienes ejerzan el derecho fundamental a la objeción de conciencia.

PARÁGRAFO 2. Por ningún motivo se permitirá a la fuerza pública realizar detenciones, ni operativos sorpresa para aprehender a los colombianos que a ese momento no se hubieran presentado o prestado el servicio militar obligatorio.”

Art. 4 Ley 1861 de 2017

Gladys recuerda a Edwin como un joven alegre al que le gustaba la música de Don Omar y Romeo Santos, alguien que desde niño fue muy inquieto, creativo e inteligente, quien además soñaba con ser ingeniero. Sin embargo, esa ilusión se vio frustrada cuando se lo llevaron, y posteriormente cuando tuvo que enfrentarse al mundo laboral de oportunidades nulas, pues solo contaba con la experiencia de la guerra. Así fue como Edwin Carranza Acevedo decide hacer una carrera militar y servirle a la Colombia de la Política de Seguridad Democrática. 

La violencia no solo había desplazado a los antepasados de Gladys, o incluso a ella misma después de la Toma Guerrillera de Mitú en 1998, sino que años después tendría que asumir una larga lucha por el esclarecimiento de la verdad sobre el asesinato de su hijo.

Acevedo asegura que el informe administrativo que le entregó el Ejército es irregular, “Ahí empieza mi lucha de buscar tocando muchas instituciones, la primera puerta que nos cerraron fue la misma Institución Militar, diciendo que ellos firmaron un documento y sabían a qué iban, y pare de contar. Ya cuando llegamos a poner la denuncia ante la Fiscalía brilla por su ausencia”. 

Las dudas alrededor de la muerte de Edwin, llevaron a Gladys a estudiar derecho, una carrera que escogió para ayudar a otras madres que también son víctimas de la guerra, además lidera la Fundación Color y Esperanza, en un ejercicio de mantener y preservar la memoria de sus hijos. 

En dicho camino logró que la Unidad de Víctimas la reconociera en el Registro Único de Víctimas, sin embargo, esta institución también la sometió a tratos victimizantes.

El conflicto armado en Colombia, producido por la desigualdad social, el racismo estructural, el acaparamiento de tierras, la implantación de grupos paramilitares, las guerrillas, la militarización, y la inobservancia y omisión de un Estado centralizado ausente de los territorios… dejó un saldo de 262.197 muertos entre 1958 y 2018 según la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Durante el año 2021 el Ministerio de Defensa señaló que, por lo menos 18.800 militares habrían sido víctimas mortales de la guerra; por su parte la Unidad para las Víctimas asegura que entre 1891 y 2014 fueron asesinados 1.721 miembros de la Fuerza Pública; y 219.000 uniformados están inscritos en el Registro Único de Víctimas, esto como efecto del Acuerdo de Paz con las FARC, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Para Gladys, la figura de “héroes” que dibuja el Estado sobre los jóvenes es una mentira “los vuelven máquinas de guerra porque son campesinos contra campesinos. En esa guerra hay una igualdad, y es que los del otro lado también son hijos de campesinos como nosotros, los que los ponen a pelear son los que se lucran” … “En el momento en que pisa una institución militar deja de ser sujeto, se convierte en un objeto” así lo asegura Gladys en el podcast Así Suena Mi vida – Biblioteca Musical para la Paz. 

“Nuestros hijos no eran héroes, eran de carne y hueso”

El caso Gladys Acevedo no solo se repite en las madres de los soldados profesionales, sino que incluye a las madres de los soldados regulares que han sido enviados a zonas agudas del conflicto. 

Según el Ejército Nacional de 2018 a septiembre de 2022 fueron asesinados 50 jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio, 12 de ellos en combate y 21 por minas antipersonas, esto aun cuando la misma institución sostiene que los soldados bachilleres solo cumplen tareas administrativas, ambientales y de seguridad de infraestructura crítica. Esto dio pie a que el Gobierno de Gustavo Petro ordenara que los regulares fueran retirados de las zonas rojas, y se colocara sobre la mesa el debate acerca del desmonte paulatino del servicio obligatorio, y el avance hacia el Servicio Social para la Paz, como parte del Proyecto de “Paz Total”. 

Sin embargo, el camino hacia la eliminación del Servicio Militar obligatorio, se ha visto obstaculizado por las presiones históricas al interior del Ejército Nacional por completar cuotas. Por ejemplo, en el 2022 la meta de incorporación era de 60.000 jóvenes, pero apenas se llegó al 59%, esto en gran medida por las campañas antimilitaristas que históricamente han denunciado las batidas ilegales, y han promovido el derecho fundamental a la objeción de conciencia como mecanismo para salvar a los jóvenes de los vejámenes de la guerra.

La Corte Constitucional resolvió que las batidas ilegales incurren en una violación al derecho a la libertad personal.

 Sentencia C-879 de 2014.

Mientras el aparataje del Estado “avanza” en el camino hacia la reglamentación de la Paz, la construcción de facto parece estar en manos de las mujeres sobrevivientes al conflicto, aquellas que pudieron de alguna manera superar el dolor y transformarlo para tomar las riendas de la transformación en Colombia. Madres como Gladys Acevedo, que comparten su historia, que construyen memoria colectiva, que le apuestan a la reconciliación, y que no se cansan de denunciar las verdaderas razones y responsables del asesinato de sus hijos, aun cuando esto signifique ser perseguidas y estigmatizadas. 

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