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Por: Sophia Gómez

Una mirada a la luz de sus protagonistas

Conceptualizar la prostitución y sentar una postura sobre cuál debería ser el modelo para abordarla, particularmente en Colombia, es una deuda social y estatal aún pendiente. Han pasado 51 años desde que el ejercicio por si solo de la prostitución se catalogó como un hecho no punible (Decreto 1355 de 1970) y, sin embargo, no existe un marco jurídico unificado que puntualice definiciones, responsabilidades y derechos de quienes están inmersos en la actividad. 

«Nosotras cobramos por lo que ellas creen que al patriarcado hay que darle gratis»: Carolina Calle.

“Consentimos en función de una cultura netamente patriarcal, donde ni siquiera se nos ha educado o permitido decir que no”: Alika Kinan.

Así de opuestas son las posiciones que atraviesan un debate que, lejos de terminar, se agudiza aún más si se analiza desde la pluralidad de feminismos con los que se identifican las mujeres, mayoritariamente más involucradas en la discusión, cuyas voces abogan por un espacio para expresar libremente su punto de vista. 

 En ese camino por dilucidar la problemática, Tribuna Cultural convocó a 5 voceras que darán sus argumentos para abordar la prostitución bajo el enfoque abolicionista, regulacionista o laborista. 

«A todo el mundo le gusta ganar plata a costillas de las putas, pero a nadie le gusta dar condiciones mínimas para las mismas»

La sentencia T-629 de 2010 de la Corte Constitucional marcó un punto de quiebre al ratificar a quienes ejercen la prostitución, de manera libre y voluntaria, como trabajadores “de especial protección”.

Por su parte, la sentencia T-594 de 2016 estableció un precedente contra la prohibición de discriminación a esta población y exhortó a MinTrabajo a establecer lineamientos para regular el trabajo sexual. Ambos hitos jurídicos siguen sin concretarse.

Pese a ello, a partir de estos fallos mujeres como Carolina Calle, trabajadora sexual y directora de Calle 7 Colombia; una organización de base comunitaria en Bogotá, han batallado con fuerza para que desde el mismo uso del lenguaje no se anule el sentir de quienes, en calidad de su mayoría de edad, eligen la prostitución como opción de vida. 

«Lo primero es que tenemos que sacar de la misma bolsa la prostitución, la trata o la explotación con fines sexuales», señala.

Para ella es imperativo hacer la distinción sobre que los dos últimos términos son delitos -como lo establece el Código Penal-, mientras que el primero se constituye como actividad económica. Carolina apoya el modelo laborista que se enfoca en la protección de los derechos laborales, pues considera que el modelo de regulación -al que ha virado Colombia- está direccionado más a establecer términos de convivencia y sanidad que a garantizar condiciones dignas de trabajo.

Fotografía por: Martin Jaramillo. Imagen de Fidelia Suárez

Para la activista, si el trabajo sexual no es independiente, es explotación. En esa medida, dice, los hoteles y whiskerías donde se presta el servicio sexual deberían ser regulados. De ese modo, los dueños de los establecimientos no pondrían las reglas, tampoco obtendrían gran parte de las ganancias de las trabajadoras -como sucede hoy en día- y se reduciría la impunidad de los delitos mencionados con anterioridad.

Soy una puta feminista y mi feminismo es interseccional porque nos abarca a todos, todas y todes. No es discriminador. ¿Cómo me dices que eres feminista cuando pretendes invalidar las voces de las otras? -cuestiona-.  Para mí la gente que es abolicionista en cuanto al trabajo sexual o en el peor de los casos, prohibicionista, es una persona antiderechos”, señala.

¿Situación de prostitución? ¿Víctimas?

Otra lucha de quienes ejercen el trabajado sexual se encamina a rebatir las connotaciones que perpetúan un discurso discriminador y patriarcal, en su gran mayoría -afirman- atribuidos por los opositores de la prostitución.

“No veo que a ninguna persona le digamos: ‘usted está en situación de abogado o psicólogo’, pero sí en situación de prostitución”, recalca Carolina.

A esa crítica se une una mujer sucreña que lleva 30 años ejerciendo el trabajo sexual y es fundadora del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia (Sintrasexco), el cual acoge a 2.235 mujeres cisgénero a nivel nacional. “A mí no me toca ni quien quiere, ni quien puede, es quien Fidelia Suárez decida. No soy víctima. A mí me victimiza aquel que le conviene para llenarse de protagonismo y los bolsillos a cuesta del trabajo sexual», dice.

En su ejercicio sindical, Fidelia considera primordial que se respete la existencia de un libre albedrío no viciado por situaciones externas del ser humano que recibe una remuneración económica a partir del servicio sexual. Desde su perspectiva, el colectivo al que representa es “una población vulnerada, más no vulnerable”, a razón de que el mismo Estado y parte de la sociedad civil no les reconoce siquiera su capacidad de elección.

Ambas defensoras del trabajo sexual no desconocen que históricamente las trabajadoras han sufrido violencias en el ejercicio de su oficio, donde clientes y terceros son perpetradores de abusos. Sin embargo, coinciden en que son los integrantes de la Policía quienes más vulneran sus derechos cuando la calle entra en la dicotomía de espacio público y lugar de empleo. 

Sintrasexco hace presencia en las mesas de trabajo de 16 departamentos del país para construir política pública incluyente, pero los logros son poco alentadores. El constante cambio de servidores públicos, al frente de los diálogos, imposibilita la sensibilización y formación en las comunidades en torno a su actividad.  Además, en Colombia no hay un censo nacional de quiénes están inmersos en la prostitución. El sindicato calcula que hay al menos cuatro millones de personas ejerciéndola. 

«La prostitución nos permite crear nuestras identidades y ser sujetas autónomas de deseo” 

Esa es la premisa bajo la cual Danne Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a personas con experiencias de vida Trans), expone el por qué la regulación de la prostitución es lo más cercano a posibilitar que las mujeres trans, que así lo decidan, ejerzan sus tránsitos de maneras libres y autónomas en este trabajo.

Desde su experiencia personal, ella plantea la necesidad de debatir sobre el trabajo sexual sin radicalizarse en verdades absolutas. “Las razones por las que llegamos allí son distintas de las que tienen las personas cis, y pensarnos en espacios abolicionistas niega la posibilidad de construir nuestras identidades.  De fondo, no ayuda a mejorar la situación, sino a que se precarice el trabajo”, explica.

Foto: GAAT

Construir espacios seguros para las personas trans inmersas en la prostitución es urgente. No obstante, Dane afirma que el reto más grande está en desvanecer el imaginario que lo convierte en un “trabajo transexualizado”. En otras palabras, un oficio que, mediante el prejuicio y estigma social, se entiende como la única opción de las mujeres trans para desarrollar su proyecto de vida.

“Cuando decimos que las luchas trans también son feministas es porque realmente esto ha pasado. Lo que menos nos interesa a nosotros es que otras compañeras se sientan agredidas y oprimidas como nos han hecho sentir históricamente. No respondemos con el mismo tacón» (sic), agrega.

Con apoyo psicosocial, acompañamiento en protección de derechos y visibilización de oportunidades laborales para personas trans; la Fundación GAAT respalda tanto a quienes se valen del trabajo sexual, como a quienes buscan otras alternativas.

  “Es un tema de dignidad humana que no necesariamente aborda la libre elección”

Helena Hernández es jueza primera penal del circuito de Rionegro, Antioquia. Su definición de la prostitución cabe en una palabra: “violencia”. Como abogada y defensora del modelo abolicionista, denominar esta actividad como trabajo no es viable y, por el contrario, llamarla así constituye, a su parecer, “un eufemismo” que nada bueno ha traído al debate desde una mirada de los derechos humanos. 

«Nuestra falta de conceptualización de la prostitución hace parte de lo normalizada que está la discriminación y la violencia contra las mujeres. Por eso, delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual están muy bien redactados en nuestro Código Penal, pero no se aplican”, menciona. En su visión, la prostitución es un eslabón en la cadena de la trata de personas. Separarlas no es posible. 

Asimismo, Helena ha evidenciado que, pese a algunos avances por derrocar el machismo de la legislación colombiana, ésta eterniza discriminación, opresión y una idea masculina de la sexualidad que limita la protección y la administración de justicia para las mujeres. Muestra de ello es que, según las estadísticas del INPEC, a corte de mayo de 2021, ninguno de los cinco primeros delitos cometidos por los privados de la libertad -en medida intramural- son contra la población femenina. No por su cantidad reducida, sino porque son menos condenados.

«El modelo abolicionista no es algo del otro mundo, es simplemente una cuestión de derechos humanos, solo que implica medidas integrales (…) genera mucha resistencia, porque detrás de los prostíbulos y toda esta industria están precisamente los dueños de la misma. Hasta los proxenetas en el país pasan como empresarios”, afirma la abogada.

Es de resaltar que el abolicionismo apunta a cambios estructurales de la sociedad capitalista que ha puesto precio, incluso, a un bien preciado como lo es el cuerpo. Y, por ende, quienes defienden la postura no esperan frutos inmediatos, pero sí transformaciones constantes que a largo plazo erradiquen la demanda y oferta de la prostitución.

 «Aquí tenemos que dejar de enfocar y reprochar a la víctima. Sin importar lo que ella haga, consienta o piense en ese momento, la conducta que se está reprochando es la del agresor», sentencia Helena. Para ella, una formación realmente feminista y la creación de indicadores medibles en la lucha contra la prostitución, son los primeros cimientos del cambio. 

 «El modelo nórdico es excelente, pero ni Colombia ni Argentina son Suecia»

El 9 de octubre de 2012 Alika Kinan fue rescatada de un prostíbulo en la ciudad de Ushuaia, al sur de Argentina. Después la mujer demandó a sus captores por el delito de trata y logró ser la primera sobreviviente en su país -así se define ella- a la que la justicia indemnizó económicamente a modo de reparación. Las autoridades de Ushuaia fueron señaladas de facilitar el delito al permitir el funcionamiento del lugar y limitarse a sólo hacer controles sanitarios; mientras los proxenetas apelaron su sentencia y quedaron libres al poco tiempo.

Alika parte de su experiencia personal para explicar que, si bien promulga la abolición de la prostitución y declina cualquier relación de esta con el feminismo, el contexto suramericano no es equiparable al de países como Suecia; pionero desde 1999 en perseguir y criminalizar tanto a proxenetas, tratantes y a quienes pagaban por sexo.

 «Colombia tiene una excelente ley de trata, incluso más que la argentina, porque es garante de muchos más derechos. Lo que sucede, prácticamente en toda Latinoamérica es que hay mucha complicidad del Estado respecto a este delito», afirma la activista.

Desde su actual faceta como investigadora en la Universidad de San Martín, ella concluye que el avance en legislación es distante de la real aplicación, aún más bajo un contexto de pandemia. “La realidad del Covid-19, de la pobreza inminente en Latinoamérica, ha significado un retroceso de 50 años en cuanto a los reclamos de las mujeres y en la creación de políticas de estado, habitaciones, de inclusión laboral para las que han sido víctimas de trata», afirma. 

Ante este panorama, Alika plantea que la academia es la mejor plataforma a la hora de producir conocimiento que se traduzca en políticas públicas desde y para las mujeres, sea que estas se consideren o no víctimas de la prostitución. Pero aclara que ese saber debe desligarse de Europa. Es hora de construir verdades regionales, hablar desde la pluralidad y no a partir del reproche. 

Posturas frente a la prostitución son tantas, que no habría forma de acapararlas todas al mismo tiempo. Pero si algo podemos destacar de este recorrido de ópticas -y en lo que coinciden cada una de las fuentes consultadas- es que el escenario restrictivo y de aislamiento que produjo el coronavirus amplió la brecha social para abordar esta temática.

La pandemia no se tradujo necesariamente en reducción de demanda de la prostitución. Las calles sí están vacías, pero los fenómenos que rodean esta actividad se sumerjan aún más en la clandestinidad y el anonimato. La migración de los servicios sexuales a la virtualidad, donde tiene cabida el negocio de plataformas webcam como Onlyfans, no implica mayores garantías para quienes los prestan, pero ese un panorama que suscita una reflexión aparte.

Si usted quiere conocer más sobre las perspectivas aquí planteadas respecto a la prostitución le extendemos la invitación a consultar las páginas de Calle 7 Colombia, Sintrasexco, la Fundación GAAT y la Fundación Alika Kinan. Cada una brinda asesorías jurídicas, acompañamiento y formación.

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