Por: Lisa Trujillo Laguna
A finales de marzo, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, le pidió a la Corte Constitucional levantar el Estado de Cosas Inconstitucionales gracias a un informe del Ministerio Público. Definitivamente la Defensoría del Pueblo está floja con los excombatientes.
El contexto
¿Cómo podría avanzar el proceso de reincorporación con un genocidio en marcha?

¿Qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo en todo esto?
Funciones del Defensor del Pueblo de Interés:
1. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.
2. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.
3. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones
4. Impartir los lineamientos para adelantar estrategias y acciones que se requieran para garantizar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional.
5. Demandar, impugnar, insistir o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o solicitud de cualquier persona, normas relacionadas con los Derechos Humanos.
“La finalidad del ente defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se constituye, entonces, como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes en el exterior”

¿Cómo confiar en una Defensoría del Pueblo que cambió de opinión en menos de 6 meses?
Sobre el informe
– Suministro de alimentos por 7.2 millones de dólares.
– Definir rutas con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica por 4.2 millones de dólares.
– Renta básica por 128.21 millones de dólares.
– Aumento en un 270% del rubro para la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. En 2018 el rubro destinado fue de casi 20 millones de dólares, para el 2022 será demás de 52 millones de dólares. De 2018 al año vigente se han invertido por lo menos 172 millones de dólares dentro del presupuesto de la UNP.

Pareciera que la Defensoría del Pueblo tiene razón ¿no?
¿Qué podrían esperar las víctimas de las masacres sólo de este año? ¿Cómo van a acercarse las víctimas de la violencia policial a la Defensoría del Pueblo?
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