Gobierno Duque: Dosis Mínima, Salud y Educación

Luego de ser emitido el Decreto 1844 de 2018, por parte del gobierno nacional dirigido a prohibir el porte de la dosis mínima, diferentes organizaciones y ciudadanos han levantado su voz en contra de esta medida. En el Consejo de Estado avanzan diferentes demandas dirigidas a declarar la inconstitucional de la medida.

Por: José Manuel Marín

Los ciudadanos Sahiet Meza García y José Manuel Marín presentaron ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra el Decreto 1844 de 2018 “mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos”. Para los demandantes, esta norma vulnera la Constitución Política y contradice las interpretaciones que fijó la Corte Constitucional en la sentencia (C-221 de 1994), que despenalizó el consumo de la dosis personal. (Ver acá la nota completa en el Espectador.com

El Gobierno de Duque ha dado contestación a la demanda sobre la dosis mínima; frente a eso se los ciudadanos demandantes hacen las siguientes consideraciones:

El Gobierno es falaz e impreciso en derecho

Lo primero y más evidente es que salta a la vista que es una demanda que oculta en argumentos de salud pública medidas policivas y sancionatorias, salta a la vista que no esté el Ministerio de Salud y Protección Social entre quienes contestan de la demanda, siendo este un tema primordialmente de Salud Pública. Igual ocurre con el ministerio de Educación o el ICBF siendo un tema que impacta la niñez y la educación.

Derechos absolutos no existen y encuentran limitaciones en el ius cogens y en las obligaciones internacionales del Estado, así como de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. No es lo mismo, portar sustancias, consumir sustancias y traficar con sustancias. Lo que hace el Decreto es sancionar el porte de la dosis mínima, situación que trasciende el plano racional y lógico, toda vez que al continuar siendo permitido el uso de la dosis mínima en ciertos espacios, ésta tendrá que llegar de alguna manera a esos lugares y eso obliga a portarla por parte del consumidor.

El Estado Social y la Regla de Derecho obligan a ser precisos en los elementos que componen el núcleo de un derecho fundamental; la rehabilitación es una decisión personal como lo establece la jurisprudencia constitucional del maestro Carlos Gaviria, reconociéndose en un deber social el cuidado de salud personal y comunitario y no en una obligación legal o constitucional. La obligación del Estado es de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico como lo observa el Acto Legislativo 02 de 2009 y no sancionatorio o policivo. Es increíble que el Gobierno quiera imponer funciones de salud a través de sanciones y utilizando como entidad para garantizar ese derecho a la Policía Nacional, en vez de planear mecanismos de accesibilidad a la salud como lo establece el propio Acto Legislativo.

En segundo lugar, es claro que el narcotráfico afecta el orden público; sin embargo, resulta falaz afirmar que la dependencia al consumo de la dosis mínima trae consecuencias de esta naturaleza. Por el contrario, lo que ha reconocido la normativa nacional e internacional adoptada por Colombia, es la necesidad de establecer estrategias de seguridad dirigidas a perseguir el tráfico de drogas desde su lógica transnacional (Convenio de Palermo y Convenciones Naciones Unidas), dirigiendo hacia el consumidor medidas de salud pública que en ningún momento se pueden traducir en sanciones policivas, sino en medidas de accesibilidad al derecho.

La CIDH ha observado en su período 150 que, políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos. La prohibición que ordena el decreto 1844 de 2018 es de carácter policivo y no penal, sin embargo, sigue siendo una norma de orden público de carácter prohibitivo y sancionatorio. Las contravenciones son reguladas por el derecho de Policía, no por medidas de salud pública.

Se lamenta la ausencia en el memorial del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Educación y del ICBF.

EL Gobierno desconoce Punto 4° Acuerdos, arriesgando el objetivo de lograr una paz duradera

Existe una tendencia del gobierno actual a desconocer lo acordado en el pasado, estableciendo una objeción permanente desde que llegó Duque al principio del pacto sunt servanda, el Estado asumió compromisos dentro de los Acuerdos suscritos con la guerrilla de las FARC EP donde reconoce que ha vivido una guerra contra las drogas en la que las comunidades campesinas y los indígenas han sido particularmente vulnerables, estableciendo medidas que buscan no utilizar la seguridad policiva y militar respecto de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, estableciendo estrategias políticas diferenciales para (I) el consumo, (II) el problema de cultivos de uso ilícitos y (III) el crimen de narcotráfico.

Ampliar los esfuerzos de seguridad hacia el tema del consumo de dosis mínima es desconocer que este se debe abordar desde ópticas educativas y científicas como lo establecen los Acuerdos, dejando de prestar atención a temas de impacto dentro de la política pública como resulta siendo el asesinato de líderes de sustitución de cultivos.

El Gobierno aún cuando menciona derechos de la niñez no establece una política diferencial

Resulta claro el interés del gobierno con el objeto de garantizar el interés superior de la niñez, objetivo loable y necesario para lograr que esta población logre vivir su infancia y adolescencia libre de violencia; a pesar de ello, es evidente que tales políticas diferenciadas no tienen en cuenta todos los segmentos de la población que sufren impactos considerables a causa del crimen de narcotráfico, así como se deja de mencionar que relación tiene el porte de la dosis mínima de una persona con necesidades en materia de salud y las garantías del derecho a la niñez.

De acuerdo al World Drug Report 2018 de Naciones Unidas, las adversidades sufridas en tempranas etapas de la infancia y la falta de opciones en materia de educación tienen una relación intrínseca con el consumo de sustancias y la participación en el crimen del narcotráfico; sin embargo, ni el Decreto ni la contestación de esta demanda tienen en cuenta estrategias educativas concretas o para la unidad familiar y garantías de la infancia, sólo piensan en sanciones.

En materia de diferenciación el gobierno omite igualmente tener en cuenta políticas diferenciales para la mujer, ese mismo Reporte reconoce que el porcentaje de mujeres en prisión por tráfico de drogas es más alto que el porcentaje de hombres a nivel global; así como identifica un impacto mucho más fuerte en temas psicológicos respecto de la mujer que respecto del hombre. Como se menciona el Decreto sólo se reduce a sanciones.

En conclusión, el gobierno de Duque desconoce libertades fundamentales dando facultades de salud a la Policía Nacional, por lo que pareciera una medida que desde su objeto y fines se dirige a proteger la salud, pero en la práctica sólo busca aumentar las cifras del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, aumentando las funciones ya de por sí desbordadas de la Policía dándoles más poder en últimas sobre el ciudadano de a pie.

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