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Por: Lisa Trujillo Laguna

En el marco de la visita de la Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio, el departamento de Arauca se declaró en #EmergenciaHumanitaria. Al mismo tiempo los territorios de Chocó, Catatumbo, Cauca, Caquetá y el Magdalena Medio, se reconocieron en la declaratoria de estado de emergencia, ya que la violación a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la persecución y exterminio a los liderazgos sociales y comunales, así como del tejido social se ha venido agudizando desde el 2021, sin una respuesta eficaz del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque Márquez.

Entre el 2020 y el 2022 fueron asesinados 10 líderes sociales en los municipios de Tame, Fortúl, Arauca Capital y Arauquita. Fueron perpetradas 5 masacres anexando al listado de municipios víctimas a Cravo Norte y Puerto Rondón. Además, dos excombatientes fueron asesinados.

A todas luces el departamento de Arauca necesita con urgencia una acción concreta del Estado; sin embargo, los Consejos de Seguridad han sido la única alternativa propuesta. Esto no es ninguna sorpresa para la comunidad, entendiendo que el gobernador encargado actualmente, es el comandante retirado del Ejército Alejandro Miguel Navas Ramos (Decreto Presidencial 1543 del 26 de noviembre de 2021).

Navas fue comandante del Ejército entre el 2010 y 2011, para posteriormente ser el comandante de las Fuerzas Militares colombianas entre el 2011 y 2013, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Como dato curioso: en el 2013 el Tribunal Superior de Medellín, ordenó investigar al comandante Navas Ramos por la masacre de la Horqueta Cundinamarca, donde fueron asesinadas 14 personas por el bloque Elemer Cárdenas de las AUC, en complicidad con miembros del Ejército. Según las víctimas que dejó la masacre, Navas Ramos era el teniente coronel a cargo del batallón Miguel Antonio Caro, misma unidad militar en donde se alojaron al menos 22 paramilitares que venían del Urabá Antioqueño para perpetrar la masacre el 21 de noviembre de 1997.

Mientras tanto, el gobernador electo por voto popular, José Facundo Castillo Cisneros está siendo investigado por supuestamente haber entregado contratos millonarios al frente Domingo Lanín Saénz del ELN; además, se le acusa de haber modificado y presentado sobre costos por $860.975.373 en el contrato N°469 de diciembre de 2019 del programa de Alimentación Escolar PAE.

Así las cosas, el Gobierno Nacional ha dicho que el problema en Arauca es que está inundada por el narcotráfico, en una disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC; por lo cual, la ofensiva militar ha sido la acción propuesta y aplicada desde el Ministerio de Defensa. En Arauca hay presencia de por lo menos 9000 efectivos entre el Ejército, la Policía, la Armada Nacional y militares extranjeros y para el año 2022 fueron enviados 600 nuevos efectivos para atender la situación humanitaria.

El gobernador encargado y la Fuerza Pública, tienen el reto de detener la ola de violencia, que a corte del mes de enero presentó 5 asesinatos a líderes sociales y comunales de Arauca, un atentado a la Empresa Comunitaria de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Saravena ECAAAS E.S.P y el carro bomba puesto a menos de una cuadra del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente.

Ante la gravedad de la situación, el Congreso de la República aprobó en el marco del presupuesto Nacional 42 billones de pesos para combatir al ELN y las Disidencias de las FARC, quienes serían los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos mencionadas.

Pero ¿la militarización ha sido una respuesta efectiva?

Esta no es la primera vez que el departamento de Arauca se encuentra en emergencia humanitaria, años atrás los medios de comunicación tradicionales han informado sobre los paros armados del ELN, o atentados al oleoducto Caño Limón por parte del mismo grupo. Razón por la cual, en Arauca hay 32 militares por cada 1000 habitantes, posicionándose como el territorio con más presencia de Fuerza Pública en el país.

Sin embargo, la comunidad araucana en el marco de la Caravana Humanitaria, ha denunciado que esta militarización sólo beneficia y protege los intereses de las compañías petroleras, puesto que los refuerzos han sido para los batallones minero-energéticos y, añadieron que, históricamente el ejército ha sido cómplice visible del paramilitarismo en la región Centro Oriente con el fin de abrir paso a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Es por esto que, en 2014 la Corporación Nuevo Arco Iris expresó su preocupación al respecto, precisamente porque Cesant Agua Viva y Mining Wacht Canadá, advirtió que las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, del 82% de las violaciones a los Derechos Humanos, y el 83% de los asesinatos a liderazgos sociales.

¿Entonces esta situación de violencia es motivada por el petróleo?

Primero es necesario poner en contexto el panorama de este sector económico y el movimiento social como oposición:

En 1982 llegó la multinacional Occidental Petroleum, que inició la exploración y explotación de hidrocarburos en el Santuario Sagrado Caño Limón, produciendo el desplazamiento forzado y violento de los indígenas de la comunidad U’wa.

Los y las araucanas ya venían con un antecedente de movilización social a través de dos paros cívicos por la educación, la salud y la construcción de vías. Por eso en el momento en que decidieron oponerse a la explotación minera que había violado los derechos de los U’wa, realizaron el paro de 1985 en Caño Limón. Posteriormente, en el 86 y 87 esta forma de movilización se extendió a Boyacá, Casanare y los santanderes, en las que se denunciaba que, la explotación de petróleo empobrecía los territorios y agredía los recursos naturales y dejaba en una posición dependiente de la inversión extranjera a la economía de la región.

Cabe resaltar que la mayoría de estos paros cívicos eran enmarcados por los medios de comunicación, en que la guerrilla obligaba a los campesinos a movilizarse masivamente para exigirle al Gobierno vías de acceso a los territorios, deslegitimando la inconformidad real que existía y que hoy continúa por la exploración y explotación desmedida de petróleo.

De 1982 al 2022 los intereses económicos en Arauca de parte del Gobierno Nacional, siguen con el enfoque de explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales, omitiendo e ignorando completamente las exigencias durante las jornadas de movilización. Según Ronda Colombia 2021, hay 6 nuevas ofertas de crudo en el departamento, 3 de crudo liviano y 3 de crudo pesado. Adicionalmente, en 2019 Ecopetrol confirmó el hallazgo de más crudo en el pozo Norte-1 del Bloque Capachos, ubicado en el municipio de Tame.

Para el 2022, la inversión de petróleo en Colombia será de 3.270 millones de dólares. Este dinero será dividido en cuencas, siendo la de los llanos orientales la que encabeza el mayor margen de inversión, allí fueron asignados 1.846 millones de dólares, es decir el 56,6% de los rubros.

Aparentemente todo está listo para explotar y sacar el mayor provecho de la tierra en el Orinoco; sin embargo, las movilizaciones y paros siguen siendo un motivo de preocupación para el sector, Armando Zamora presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de Ronda Colombia 2021 dijo que efectivamente “las comunidades pueden ser un obstáculo para el desarrollo”.

Pero ¿Por qué el desarrollo puede ser un peligro? ¿No es acaso una oportunidad para crecer y tener más recursos?

La política de Tierra Arrasada, es una de las estrategias que denuncian históricamente las comunidades. Por ejemplo, durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en el año 2008, se acusó a las petroleras Brithis Petroleum y Repsol YPF de haber tenido nexos con paramilitares, con quienes perpetraron masacres contra grupos sindicalistas, desplazamientos forzados y contaminación ambiental con el único fin de acaparar las tierras para la exploración y explotación de petróleo.

Hoy la historia no es distinta, el movimiento social en Arauca denunció públicamente ante más de 80 organizaciones de Derechos Humanos de carácter nacional e internacional, que han tenido conflictos con las petroleras Sierracol Energy, Ecopetrol y Parex, añadiendo que creen que las disidencias son en realidad nuevos grupos de paramilitares que, en complicidad con la gobernanza militar del departamento, perpetran la violencia con el fin de abrir paso a la exploración sin ningún obstáculo comunal y, por supuesto, para fortalecer las 7 bases militares estadounidenses que hacen presencia en el territorio.

Vamos en orden:

¿No son entonces las disidencias las que están sembrando el terror? ¿Y que tienen que ver los extrajeros en esto?

Primero hay que decir que, en el marco de la Caravana Humanitaria, las víctimas de la violencia de este año y en concreto algunos líderes sociales, han señalado que el Frente 28 de las disidencias hace presencia en el territorio y son quienes se han pronunciado a través de panfletos en contra del movimiento social, asegurando que en realidad son una célula del ELN.

Entre los testimonios recogidos, la comunidad cuenta que los comandantes de las disidencias son combatientes que se desmovilizaron o se entregaron al ejército antes del proceso de paz, y que curiosamente regresaron al territorio para autodenominarse disidencias supuestamente por los incumplimientos del acuerdo, cuando no fueron partícipes del mismo. Además, los y las araucanas rechazan la idea de que la figura de las FARC estuviera atacando al movimiento social, ya que este ha propendido en la región por la construcción de planes de vida digna, sin tomar una sola arma.

Lo anterior no fue, ni es un secreto para las personas que pertenecieron a la exguerrilla. Quienes denunciaron los hechos, aseguran no poder “comulgar” con la idea de que un “ejército del pueblo” esté atentando contra el pueblo, más bien clasifican las acciones del 2022 como tradicionales del paramilitarismo, el mismo que hace años llegó al territorio gracias a la colaboración con las fuerzas militares.

Como sustento de la tesis, se puede resaltar la versión libre del paramilitar Arnolfo Santamaria Galindo, alias Pipa, quien aseguró que en el Bloque Sur del Putumayo se mandaron a hacer brazaletes de las FARC, para disfrazarse de guerrilleros y así facilitar las masacres.

Pero ¿Y la tesis del narcotráfico?

El Gobierno Nacional sostiene que la disputa entre el ELN y las disidencias es por el narcotráfico; sin embargo, Arauca erradicó manualmente la coca del territorio entre el 2007 y el 2012. Desde ese momento las organizaciones campesinas se proyectaron en el marco de la industrialización del sector agropecuario a través del plátano y el cacao.

Dicha apuesta se hizo realidad y hoy se mantiene en empresas como “Deleite Chocolates”, ubicada en la vereda Las Blancas del municipio cacaotero de Arauquita. Esta iniciativa familiar se logró en el 2018 con el apoyo del SENA y por medio del programa del Fondo Emprender, y aunque hoy cuenta con algunos recursos adicionales para posicionarse en el mercado, la realidad territorial sigue exponiendo la vida de las y los campesinos que trabajan en el marco de la cooperativa Coomprocar.

Gracias a los esfuerzos de la organización social araucana, los resultados hablan por sí solos. Por ejemplo, entre 2018 y 2021 según el Ministerio de Justicia, a través del aplicativo “Infraestructura para la producción de Droga Desmantelada” en el departamento sólo fueron desmantelados dos laboratorios de procesamiento, uno en Arauquita y otro en Arauca Capital. Además, en 2021 se incautaron 714 toneladas de estupefacientes, sólo el 0,20% eran provenientes de Arauca. De las 1,55 toneladas obtenidas por la policía, 1,42 estaban compuestas por marihuana, los 130 gramos restantes correspondían a base de coca, heroína y bazuco.

El problema de Arauca son las rutas de comercialización ampliadas después del fracaso del acuerdo de paz, que hoy deja 310 firmantes asesinados y en el caso de Arauca, dos veredas identificadas como Zonas Veredales Transitorias en estado de confinamiento, desde donde esperan la acción y visita de la Defensoría del Pueblo.

“Nosotros nos constituimos en confinamiento para salvaguardar nuestra seguridad y así visibilizar lo que está pasando en Arauca, esto merece una atención especial y es lo que le decimos a la institucionalidad: esto es lo que pasa en el ETR de Filipinas” – Bladislap excombatiente firmante de la paz.

“El número de personas disidentes es muy mínimo. hicimos la dejación de armas 416, y personas que han salido de la cárcel se sumaron, hoy somos 460. El 80% de estas personas ya son bachilleres” – Bladislap excombatiente firmante de la paz.

Sobre el papel que cumplen los extranjeros en la situación de emergencia humanitaria en Arauca, tiene que ver con los intereses económicos del Gobierno de los Estados Unidos, quien constantemente pone en alerta a las Fuerzas Militares colombianas con información de inteligencia, donde supuestamente se identifica la incursión de tropas rusas avanzando en Venezuela.

Arauca está militarizada en cada kilómetro de su territorio, durante la Caravana Humanitaria se pudo identificar garitas del Ejército Nacional con soldados listos para disparar, y tanques de guerra que patrullan por las vías entre municipios listos para el momento de cualquier intento de invasión desde la frontera con Venezuela; sin embargo, esta fuerza no ha sido suficiente para cerrar las rutas de comercialización del narcotráfico y tampoco pueden detener la supuesta guerra entre las disidencias y el ELN.

Lo importante y el objetivo principal, ha sido cuidar la posición estratégica que tiene el departamento para conectar la costa Atlántica de Venezuela con la Costa Pacífica de Colombia, como parte del programa de Paisajes Sostenibles del Banco Mundial

Por eso Arauca es un departamento que funciona como una base militar que no protege a las personas del territorio, sino que obedece netamente a la agenda económica de las transnacionales que ocupan estas tierras, a través de las petroleras o la inteligencia militar que intenta invadir Venezuela en busca de precisamente más petróleo.

¿En que terminó entonces la Caravana Humanitaria después de identificar todo el contexto y las denuncias?

Durante los días 24 y 25 de marzo, las víctimas y las organizaciones sociales realizaron el Foro de Derechos Humanos por la Vida, la Paz y la Permanencia Digna en el Territorio, donde se invitó a la Gobernación y la Defensoría del Pueblo, quienes a su vez sólo hicieron presencia para la foto oficial, pero no escucharon la declaración política final del foro.

En el marco de la actividad, además de evidenciar las denuncias anteriormente mencionadas, se expuso el incumplimiento de los objetivos de las Zonas Futuro. Por lo menos 211 veredas de Arauca son parte de “la estrategia para transformar los territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad” (Ley 1941 de 2018).

Una de las apuestas de las Zonas Futuro es afectar la producción de coca en el territorio, ya que los lugares escogidos representan el 56% de hectáreas de cultivos ilícitos, pero en Arauca la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, reconoció que se erradicaron los cultivos en su totalidad durante el 2020.

También busca priorizar la prestación de servicios sociales y la focalización de recursos a través del CONPES, pero los recursos sólo apuntan a la actividad petrolera, y los Programas de Enfoque Territorial (PDET) no registran cumplimiento en el departamento.

“El gobierno colombiano es el único responsable de la grave situación de violencia y  abandono estatal por la que atraviesa el pueblo araucano, hay una absoluta carencia de recursos y políticas públicas de salud, vivienda, educación y demás necesidades básicas de toda la población y de las víctimas del conflicto; soluciones que tendrán éxito si se concibe y concreta su ejecución con las comunidades y sus organizaciones en la perspectiva de resolver los problemas estructurales e históricos de la región. Estos problemas acumulados y agravados no tienen solución por la vía militar ni represiva”.

– Declaración Política del Foro.

La Declaratoria final de #EmergenciaHumanitaria, devela como responsable al Gobierno colombiano y se denuncia en el marco del foro, cómo las Fuerzas del Estado han sido puestas para perseguir, desplazar, desaparecer y exterminar al movimiento social, figura que ha sido golpeada directamente en la ola de violencia del 2022 y como se denunció por parte de diferentes dirigentes sociales y comunales,  ha sido la respuesta a esas contra versiones que tiene el tejido comunitario contra la economía impuesta por la explotación de hidrocarburos, mientras las organizaciones han buscado y librado la batalla desde 1972 por tener un territorio agrario, libre y digno.

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