MÁS OPINIÓN
El fracaso del Sistema Nacional de Víctimas: situación de la comunidad Embera proveniente del Alto Andagueda asentadas en la ciudad de Bogotá D.C.

Escrito por: José Manuel Marín Ortiz. Abogado Socio www.masiabogados.com 

El camino de la Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado cada vez es más complejo: las instituciones nacionales, departamentales y municipales no cesan de reunirse para ejecutar recursos que les permitan articularse. A pesar de ello, la falta de liderazgo de las entidades creadas por la Ley 1448 como lo son la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, muestra su incapacidad de ordenar y articular entidades con mayor jerarquía administrativa haciendo de los planes y estrategias para lograr el goce efectivo de derechos  una lista de sueños de las comunidades que no se consolida plenamente en la realidad.

El caso más evidente de esta grave circunstancia lo tenemos frente a nuestros ojos, es el que están viviendo las comunidades Embera Katío y Chamí desplazadas del Chocó y Risaralda que se asientan en las calles de Bogotá D.C. y en sus albergues.

Mientras en 2014 veíamos las instituciones llenarse de orgullo por logros judiciales y administrativos como la emisión de la sentencia de restitución para los Embera en el Alto Andagueda y la ejecución de sus planes de reparación colectiva en desarrollo del Decreto 4633 de 2011. Las comunidades en territorio empezaban a ver cómo esto no era tan cierto, pues la seguridad era ausente debido a los actores armados quienes continuaban allí a causa de la persistencia de la extracción de oro y otros minerales.

De ese modo, a pesar de la mirada atenta de los entes judiciales, su seguimiento al cumplimiento de las sentencias, así como del monitoreo de las entidades de restitución y reparación integral, esta situación ha continuado degradándose: todas las semanas llegan nuevas personas desplazadas, muchas personas de la comunidad sostienen que han recibido amenazas en el territorio, algunos han visto cómo sus familiares han fallecido en días recientes. Las condiciones de seguridad que se alegaban en 2014 para llamar al retorno, hoy son dudosas para muchas personas de esta comunidad, el goce efectivo de derechos no se ve fácil de lograr a menos que se permita una debida reubicación con soluciones duraderas a la comunidad y condiciones reales de seguridad a quienes retornan a territorio.

La situación de la comunidad Embera en Bogotá se ha empeorado a causa del Covid-19. Quienes están en albergues ya han sufrido casos y antes que recibir medidas para mejorar sus niveles sanitarios, han sido señalados y discriminados por esos hechos impidiendo su traslado aun luego de levantarse el aislamiento, situación que persistió por varios días; por su parte, quienes se asientan en las calles han visto cómo las entidades de la Nación y del Distrito no han podido resolver temas tan sencillos como el de un techo para la comunidad que les garantice sus formas tradicionales, por el contrario, antes que solidarizarse con esta grave situación humanitaria, han llamado “mendigos” a los miembros de la comunidad y han señalado a sus líderes incrementado su nivel de riesgo y amenazas, tal como lo ha hecho la propia alcaldesa de la ciudad en medios masivos de comunicación. Esta situación lleva a una sin salida a la comunidad que espera encontrar asiento a sus solicitudes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El caso de la población Embera no es el único, sólo por citar un par de ejemplos vale la pena mencionar lo que está pasando hoy en los Montes de María, donde en este momento las comunidades de la Alta Montaña marchan exigiendo cumplimiento del Plan de Reparación Colectiva por parte de la Unidad para Víctimas; o la situación que se presenta en Balsillas Tolima, donde comunidades campesinas beneficiarias de la primera sentencia de restitución de tierras en 2013, ven cómo sus proyectos productivos de café aún no pueden ser comercializados plenamente porque aún no se ha cumplido una orden tan simple como lo es adecuar algo más de 5 kilómetros de carretera 7 años después.

Estos y muchos otros casos son clara evidencia de que sin importar las garantías judiciales, administrativas o políticas que puedan surgir para la reparación integral, esta no está redundando en condiciones de seguridad y de goce efectivo de derechos, lo que me lleva a preguntar ¿Qué hay por mejorar para evitar que continuemos en un estado de cosas inconstitucional? La respuesta depende de las instituciones.

 

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