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Por: Lisa Trujillo Laguna.

Un camino hacia la democracia ambiental
El cambio climático ha sido un tema latente en la agenda social, económica y política de los cinco continentes, aunque sólo hasta hace poco tiempo empezó a tener una relevancia real para los gobernantes y dejó de ser una simple “histeria colectiva”.

En 1992 las Naciones Unidas desarrollaron la Cubre de Río, allí se establecieron 27 principios en la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. Básicamente, se empezó a trabajar en un acuerdo para encontrar un equilibrio entre cuidar los recursos naturales que tenemos con respecto a la utilización económica de los mismos.

Para el 2012 en Río+20, los países se enfocaron en trabajar sobre el principio 10 de la Declaración, donde se estipula que la mejor forma de tratar los temas ambientales es con la participación de las personas interesadas en el medio ambiente.

Esta premisa podría ser la más importante y difícil del principio, ya que las personas en su cotidianidad no asumen la responsabilidad individual sobre el cuidado del medio ambiente. Este mismo desinterés se ha traducido en que, por ejemplo, en Colombia no se hayan hecho grandes modificaciones en la Ley 2 de 1959, que regula la economía forestal. Sólo hasta este año, el Ministerio de Ambiente se atrevió a dictar nuevas disposiciones a través de la Resolución 110 de 2022.

Sin embargo, dicha resolución, busca facilitar la exploración y explotación de áreas de reservas forestales, cuando el terreno sea de utilidad pública e interés social; es decir, no está orientada al cuidado de los territorios, por eso la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, expresó su preocupación al revisar que esta decisión prioriza las actividades económicas sobre los derechos constitucionales de las comunidades indígenas, ya que podrían verse afectadas por las intervenciones a gran escala y con maquinaria pesada.

Incluso Julia Miranda Londoño, candidata a la Cámara por Bogotá, antes directora de Parques Nacionales de Colombia, aseguró en su momento que esta resolución puede poner en riesgo la preservación de los ecosistemas donde se realicen las extracciones, y que no es un tema sólo de “no talar árboles”, sino del daño que se produciría en los suelos de reserva.

Esta Coyuntura tuvo lugar en la primera y segunda semana de febrero, y hoy cuenta con una acción popular interpuesta por Juan Carlos Lozada, que busca frenar la resolución.

¿Y eso que tiene que ver con el #AcuerdoEscazú?

La desconexión entre la sociedad y la lucha medioambiental, tiene una brecha que sólo se podría cerrar a través de la comunicación. Lo que busca el acuerdo es que los países que se ratifiquen, democraticen la creación de políticas públicas en torno al medio ambiente y que los ciudadanos y ciudadanas de cada territorio estén informados sobre las condiciones y calidad de los ecosistemas.

Este es el primer acuerdo que piensa en el medio ambiente y su objetivo es “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”, así lo aseguró en 2018 Alicia Bárcena, Secretaría General de la CEPAL.

Entonces, según Escazú los Estados parte, tienen que asegurar el acceso íntegro a la información sobre medio ambiente y dar máxima publicidad de los canales donde las personas podrán encontrar datos actuales sobre contaminación; proyectos económicos y el impacto en el territorio donde se desarrollan; tratados y acuerdos internacionales y listado de entidades públicas y autoridades competentes.

Es decir, los Gobiernos tendrán que generar un registro detallado de las condiciones ambientales, dichos informes deben ser de fácil acceso y tienen que corresponder a las características de cada comunidad, en especial aquellas que están en alto grado de vulnerabilidad.

Por otro lado, el Escazú determina que la participación activa de las ciudadanías es fundamental, cualquier país ratificado en el acuerdo estará en el deber de consultar con las personas sobre las actividades, exploraciones o proyectos que se quieran realizar en determinado territorio.

Esto garantiza que las y los individuos estén enterados de las opciones de desarrollo económico que existen para sus municipios (en el caso de Colombia), y que puedan identificar si es o no favorable para el cuidado del suelo y los recursos naturales que en él existen, cómo afectará dicha actividad sus planes de vida y si lo quieren ver realizado o no, partiendo de la base de que el cuidado del ambiente es lo más importante.

Asimismo, el acuerdo exige garantías de justicia ambiental, que las comunidades conozcan las herramientas jurídicas que existen en caso de que sus derechos humanos y fundamentales se vean violentados, casos que son más comunes de lo normal cuando un Estado antepone los intereses de multinacionales por encima de la vida y el cuidado del medio ambiente como eje fundamental para su dignificación.

Y quizás el punto más importante que Escazú dicta, es que se debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las personas que se dedican a cuidar y proteger el medio ambiente. Recordemos que Colombia es el país más inseguro para líderes y lideresas ambientales, sólo en 2019 asesinaron a 69 defensores y defensoras. En lo que va corrido del 2022 han asesinado 7 líderes, entre ellos el menor de 14 años Breiner Cucuñame, quien era reconocido en Buenos Aires Cauca por ser el “Guardian del territorio”.

Y si el acuerdo es tan bueno ¿por qué aún no lo ratifica Colombia?

Congresistas como María Fernanda Cabal aseguran que Escazú no es más que una forma de entregar la soberanía de Colombia a los entes internacionales, ya que el acuerdo señala que en la solución de controversias las partes deben comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, y que al final el país ya tiene los mecanismos de acceso a información, participación y justicia ambiental que se proponen.

Pero ¿realmente es cierto?

Colombia tiene mecanismos para dar a conocer en los territorios los proyectos que se van a ejecutar en materia de explotación, e incluso comunidades como la de Cajamarca en Tolima, han logrado detener a gigantes como AngloGold Ashanti, a través de la consulta popular en 2017. Pero esto no ha significado que la minera se haya rendido, la Agencia Nacional Minera recibió cinco nuevas solicitudes de explotación en Cajamarca por parte de AngloGold, aun cuando el pueblo rechazó la actividad económica. La empresa incluso ha dicho en medios de comunicación que «ninguna consulta popular tiene el efecto de producir la cancelación de los contratos de concesión minera ni la nulidad de los títulos mineros existentes» (Sentencia SU 095 de 2019y SU 411 de 2020 Corte Constitucional).

Es por esto que la posición de la candidata del Centro Democrático no es tan válida como parece, porque en realidad no hay una legislación pensada para la protección del medio ambiente, por el contrario, se busca abrir cada vez más puertas y facilidades para la mega minería, aun cuando Colombia podría ser un país líder en protección y conservación sin dejar de tener una economía estable y ascendente, basada en actividades productivas propias de los territorios y sus comunidades.

Tan importante se considera la ratificación del acuerdo, que candidatos a la presidencia han expresado su interés en que se vea implementado para poder apostarle al verdadero desarrollo sostenible, como un compromiso con los derechos humanos y un aporte al pulso contra el cambio climático.

A su vez, el Congreso de la República tendrá el reto de desarchivar y volver a hablar sobre el Acuerdo antes de que termine el último periodo legislativo de los y las electas en 2018. Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino, radicaron un proyecto de ley para que Colombia ratifique a Escazú, esta ponencia fue presentada ante la Comisión Segunda del Senado, y se espera que, como lo aseveraron los congresistas de oposición, el proyecto se tramite de manera urgente y sin dilaciones.

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