Por: Diego de la Rosa

A raíz del cambio abrupto sufrido por la pandemia, muchas de las dificultades de las naciones fueron desveladas debido a las medidas restrictivas y las problemáticas que representaban para las personas de clases medias y bajas en países subdesarrollados e, incluso, en países desarrollados. 

En el caso de Colombia, la amplia brecha de desigualdad social se hizo aún más evidente debido a que la clase trabajadora que representa una gran mayoría de la población y los trabajadores informales, se vieron imposibilitados para ejercer sus labores y obtener los recursos suficientes para subsistir, cuestión que agravó la situación de inequidad en el país.

Dentro de los grandes afectados por la pandemia fueron las poblaciones vulnerables a lo largo del país por cuestiones étnicas, sociales, económicas o físicas, enfrentaron difícilmente sobrevivir a las vicisitudes.

La población en condición de discapacidad.

De acuerdo a las cifras arrojadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para agosto del año 2020 había 1’319.049 personas en condición de discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del ministerio; aseguran que esta cifra es equivalente al 2.6% de la población colombiana.

En este caso se identifican aquellos que tengan cualquiera de los tipos de discapacidad identificados, a saber: física, sensorial, intelectual, psicosocial o múltiple.

Estas discapacidades en muchas ocasiones son patologías de nacimiento; no obstante, patrones como la inseguridad, los accidentes o el conflicto armado, han sido un agravante importante para intensificar las lesiones equivalentes a llevar una vida en condición de discapacidad.

El Conflicto.

Según los datos arrojados por el Registro Único de Víctimas de la Unidad Nacional para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, las personas con discapacidad representan el 5% de los afectados que dejó el conflicto armado en el país.

Esto tiene muchas explicaciones, una de ellas fue dada por Tania Bolaños Enriques, abogada experta en Derecho Internacional Humanitario y quien decidió especializarse en la Comprensión y Desarrollo de Mecanismos que les den más valor a los derechos de las personas con discapacidad.

Lo que asegura Tania es que, aparte de la gran cantidad de personas que quedaron en condiciones de discapacidad a causa de las armas, las minas, los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados o las tomas que se realizaban en distintos municipios a lo largo y ancho del territorio, había un inconveniente enorme en la visión que se tenía de las personas con discapacidad como víctimas del conflicto.

Los acuerdos de paz

Muchos aseguran que, desde la implementación del Acuerdo de Paz, las personas con discapacidad fueron identificadas como prioritarias, dándoles un trato diferencial en igualdad de condiciones que las demás víctimas del conflicto, pese a ello, a nivel social, sigue siendo un tema a trabajar.

“El Registro Único de Víctimas (RUV) maneja algunas estadísticas interesantes, por ejemplo, el RUV hasta hace algunos años sólo tenía en cuenta a aquellas personas afectadas por las minas. 

Tras el Acuerdo de Paz se diseñaron otras caracterizaciones y ahora podemos encontrar que, de las 9 millones de víctimas registradas, cerca del 5% cuenta con alguna discapacidad. Con discapacidad múltiple hay cerca de 65 mil personas; con discapacidad auditiva, 23 mil; física, 103 mil; intelectual, 8 mil personas; visual, 31 mil; psicosocial, 5 mil personas. Y aún hay, según la Unidad, más 140 mil personas pendientes por determinar su tipo de discapacidad”.

Derechos para los discapacitados.

Dentro de la investigación que Tribuna cultural realizó, se pudo evidenciar las dificultades que tienen las personas con discapacidad a nivel social que sufre discriminación desde la misma estructura de la ciudad que en muchos de sus escenarios no comprende los métodos para el ingreso y acomodación, accesos y salidas; educación de calidad; ofertas dignas de trabajo; ocio y recreación, entre otras.

 En ‘Derechos Humanos desde la Discapacidad’ como se titula el videoclip dirigido y producido por la Revista Tribuna Cultural, se pueden conocer más detalles de las dificultades y propuestas que representa el diario vivir para las personas en condición de discapacidad, inmersas en una sociedad que simplifica el trato diferencial y no presta real atención y un sistema que no trabaja en pro de ellos.

Por otro lado, aparecen las dificultades que tienen muchos, por ejemplo, para acceder a prótesis de partes del cuerpo que les fueron removidas, o para poder tener los tratamientos requeridos para algunos tipos de discapacidades debido al alto costo que tienen y la baja calidad en los servicios del sistema de salud colombiano.

 Por otro lado, para aquella población discapacitada de bajos recursos o que no fue víctima del conflicto, se generan una serie de limitaciones para acceder a los servicios de salud requeridos para tratar estas afectaciones de salud y continúa, una vez más, generando una brecha de desigualdad entre la población discapacitada y los que no.

¿Y qué se espera?

En primer lugar, la plena identificación, caracterización y cuantificación de la población discapacitada en el país, teniendo en cuenta las razones de sus discapacidades y las maneras que se tienen para brindarles una vida digna.

Los Acuerdos de Paz ayudan a aquellos que quedaron en esta situación debido al conflicto o que, siendo discapacitados, fueron víctimas de violaciones, intimidaciones, desplazamientos forzados o cualquier otro tipo de torturas o ataques contra su integridad.

Es necesario que las alcaldías comiencen a construir un sistema de transporte más accesible para esta población, que el Estado comience a generar más oportunidades para ellos y que, como sociedad, comencemos a vernos como iguales los unos con los otros y trabajar en pro de un país en paz y con futuro.

 

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