Por: Lisa Trujillo @medicenlanegra

La violencia en Colombia ha impactado, por lo menos, a diez millones de personas que hoy son reconocidas por el Estado oficialmente mediante el Registro Único de Víctimas; una instancia creada dentro de la Unidad de Víctimas, para determinar el número de personas afectadas por el conflicto y analizar dichos datos demográficos.

Según la Ley 1448 de 2011 las víctimas son todas aquellas personas afectadas por la guerra posterior a 1985, y solo se reconoce como víctimas con derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, a quienes fueron afectados por grupos armados ilegales, en el marco de la confrontación bélica.

Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que han sido víctimas de la violencia del Estado fuera de escenarios de conflicto interno? ¿Qué pasa con quienes han sido víctimas de la Fuerza Pública en las urbes?

Hoy por hoy en Colombia, las víctimas de tortura, desaparición forzada, mutilación y asesinato por parte de la policía o cualquier brazo armado del Estado, encuentran como respuesta la impunidad, y son sometidas a continuar viendo en las calles a la fuerza pública que perpetra graves violaciones a los derechos humanos con el pretexto de “restablecer el orden”.

Es por este motivo que las familias víctimas de la masacre del 9 de septiembre en Bogotá, han aunado esfuerzos por el reconocimiento y exigibilidad de sus derechos, a partir de actividades autónomas en los puntos de resistencia donde el policía asesinó vilmente a sus seres queridos.

Desde una apuesta pacifista, las víctimas dentro y fuera del conflicto armado se reunieron en el Parque Resistencia de Verbenal para continuar tejiendo el proceso, que logre un reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado colombiano.

“El Estado debe responder por el conflicto social y armado. El Estado es victimario y desafortunadamente parece que le va a tocar a un gobierno del cambio, a un gobierno al que las víctimas le apostamos, asumir la responsabilidad de crímenes que ellos no han cometido. Pero tarde o temprano el Estado colombiano tiene que asumir su responsabilidad” Luz Marina Hache, Movice.

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