Deslegitimación del derecho social de protesta

Por: Gabriel David Usma Muñoz

La protesta social como derecho fundamental en Colombia, ha sido invalidada y deslegitimada por los hechos que han rodeado a las manifestaciones y marchas que persisten en las ciudades del país en lo corrido de los años 2020 y 2021. La pérdida de vidas que se ha dado entre la fuerza pública y la ciudadanía son los actos violentos más sobresalientes, desenlaces indeseados y rechazados; el gobierno, los medios de comunicación, los miembros encargados del orden público y una parte de los habitantes no las defienden, sino que ensucian las leyes, desordenan al pueblo, alimentan la violencia, desinforman y desacoplan a todo un país.

El gobierno no manifiesta un mínimo apoyo a la sociedad, no hace nada para solucionar o al menos escuchar sus inconformidades como lo avala ley, muchos menos han sido escuchadas su plegarias; se esparce el miedo por los 3405 casos de violencia policial durante un mes de marchas que presenta la ONG Temblores, la inseguridad brota exageradamente, pues si las reglas no las cumplen los mandatarios la sociedad hace lo que le viene en gana; se desbordó y descontroló una situación que sobre el papel debería ser pacífica, pero desgraciadamente requirió la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la delicada situación.

Se establece la legalidad del derecho a la protesta en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia de 1991, asegurando que: “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y en el artículo 56 que dice que “se garantiza el derecho de huelga”. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”, lo que básicamente durante la movilización no se ha permitido.

Por este mismo sendero, el fundamental e inalienable derecho a la libertad de expresión ha sido transgredido, se ha perdido la seguridad del pueblo para entonar, gesticular, exponer, declarar, simbolizar o simplemente comunicar algunas de sus peticiones; el desempeño de la fuerza pública ha develado la vulnerabilidad de la sociedad, entre más se intenta silenciar los disgustos, las inconformidades son más notorias.

El descontento social y la desatención a las normas, tuvo la aparición fundamental de un grupo que ha tenido alta influencia en lo que compete a las convocatorias al paro nacional y charlas de arreglos con el Gobierno nacional, el Comité Nacional del Paro (CNP).

Agradecemos a Camila Racero de la Universidad Javeriana y Alejandra Ortíz de la Universidad de la Sabana por por poner el tema sobre la mesa y su investigación oportuna.  @_nomegustastanto @_ortizalejandra_

Aunque el CNP ha sido reconocido a lo largo de los días y ahora es referente de las movilizaciones en el país, su vocería y representación no está impartida por todos los grupos sociales, colectivos o individuos que acuden al llamado a paro, pues no todos los sectores se sienten identificados con el comité.

Esta conjetura lleva a una estigmatización en el accionar por parte del grupo organizado que se le ve pactando y acordando garantías en las leyes como el derecho a la protesta y la libre expresión, sumado a un auxilio para la comunidad, pues de día las movilizaciones son llevaderas, pero de noche el ajetreo es otro; se le acusa de toda reacción social, buena o mala al CNP, incluso cuando su vocería ratifica la necesidad de erradicar la violencia y el desacuerdo con actividades vandálicas.

Se hace inminente el llamado al cumplimiento de la Constitución Política, a los derechos humanos (DDHH) y la voluntad de quienes tienen en sus manos construir cambios influyentes y coherentes que no perjudiquen el rumbo de Colombia y su sociedad, sino que intercedan a apoyar y beneficiar a sus individuos, además brindar garantías al pueblo y prometer validez a cada una de las leyes estipuladas crearía un ambiente de mejora luego de todos los desmanes, desacuerdos, desinformación e intranquilidad.

La Revista Tribuna Cultural propone y dispone de espacios para la exposición de los distintos procesos desarrollados por la comunidad en contra de la represión y desatención estatal, motivando el desarrollo de la libertad de expresión y la abolición del fenómeno masivo de la desinformación; de la misma forma promueve la organización social en los barrios, localidades, ciudades y departamentos que influyan a una mejora nacional.

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